Ordenan captura contra tres estadounidenses y dos guatemaltecos acusados de millonario fraude contra empresa de telecomunicaciones
El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador ha reiterado la vigencia de las órdenes de captura y la solicitud de difusión roja a INTERPOL contra cinco acusados, tres de nacionalidad estadounidense y dos guatemaltecos, por su presunta participación en un complejo esquema de fraude y extorsión que afectó a una empresa regional de telecomunicaciones y a sus representantes legales.
Los imputados son los ciudadanos estadounidenses Ryan David Lepene, B. Howard Mandel y John Joseph Ranieri, junto con los guatemaltecos Jorge Leonel Gaitán Paredes y su hijo Jorge Alberto Gaitán Castro. Todos están siendo procesados en El Salvador por los delitos de Estafa Agravada, Agrupaciones Ilícitas y Extorsión Agravada, en perjuicio de seis empresas del sector de telecomunicaciones y dos personas particulares.
Las autoridades salvadoreñas han confirmado que la orden de detención provisional fue decretada en julio pasado, como parte de la causa judicial 102-25-T6CCO-J2(2). Asimismo, el tribunal notificó oficialmente a las embajadas de Estados Unidos y Guatemala, en cumplimiento del procedimiento internacional.
Una red internacional bajo investigación
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la investigación se centra en una presunta red criminal de carácter transnacional que habría operado entre los años 2016 y 2020. El principal blanco del fraude fue la empresa Continental Towers Corp., dedicada a la infraestructura de telecomunicaciones con operaciones en El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú.
La FGR señala que los imputados habrían urdido un esquema para obstaculizar la venta de la empresa a compradores internacionales, con el objetivo de devaluarla intencionalmente y así adquirirla a un precio considerablemente menor. El plan, según el expediente judicial, fue ejecutado desde dentro de la empresa con la colaboración de ejecutivos claves.
Los guatemaltecos Jorge Leonel Gaitán y su hijo, Jorge Alberto, quienes ya guardan prisión en Guatemala, habrían utilizado sus cargos dentro de la empresa para favorecer la estrategia de sabotaje financiero. Se les acusa también de apropiarse indebidamente de más de $1.2 millones, mediante viáticos, cheques y viajes sin respaldo administrativo, lo que derivó en una acusación paralela por administración fraudulenta en otro tribunal salvadoreño.
Por su parte, los estadounidenses Mandel, Lepene y Ranieri, ejecutivos de la firma estadounidense TPG Pepertree, están señalados como los ideólogos del supuesto boicot empresarial, en coordinación con los Gaitán y otros funcionarios de Continental Towers. TPG Pepertree es accionistas minoritario de la empresa Continental.
Además del fraude financiero, el juez del Tribunal Sexto determinó que los acusados incurrieron en extorsión contra la representante legal de las empresas afectadas, y Jorge Hernández Ortiz, empresario guatemalteco y socio mayoritario. Según la acusación, ambos fueron víctimas de presiones y amenazas sistemáticas para forzarlos a tomar decisiones favorables a los imputados, incluyendo el retiro de acciones legales como un amparo.
Cooperación internacional en curso
INTERPOL ha recibido la solicitud formal de emisión de difusión roja, mecanismo utilizado para localizar y capturar a fugitivos buscados a nivel internacional. Las autoridades salvadoreñas también han enviado las notificaciones correspondientes a las embajadas de Estados Unidos y Guatemala, con el fin de que informen a sus ciudadanos implicados en este proceso judicial.
Mientras tanto, los Gaitán permanecen detenidos en Guatemala, en espera de una posible extradición a El Salvador. Las autoridades guatemaltecas ya realizaron audiencias informativas sobre los cargos, y el Ministerio Público solicitó que ambos permanezcan bajo arresto mientras se concreta el procedimiento.
El caso tiene además ramificaciones en tribunales guatemaltecos, donde otros exejecutivos de la misma red enfrentan cargos por hurto agravado, asociación ilícita y violación a la propiedad intelectual, así como procesos paralelos en instancias judiciales de Nueva York, incluyendo un laudo arbitral y una causa abierta en un tribunal federal estadounidense.
